INTRODUCCIÓN
El Acto Legislativo 03 de 2002 modificó la Constitución Política para introducir el sistema penal acusatorio. En desarrollo de ella, el Congreso de la República expidió la Ley 890 de 2004, que modificó el Código Penal, y la Ley 906 de 2004, por medio de la cual se expidió el Nuevo Código de Procedimiento Penal. De esta manera se inició en nuestro país el proceso de adecuación normativa con miras a la implantación de ese nuevo sistema procesal penal.
No obstante, la adecuación normativa es solo un primer paso con miras a ese propósito, pues no se puede comprender y aplicar adecuada- mente un sistema procesal sin promover, entre otras acciones, el proceso de formación de los funcionarios judiciales que estarán encargados de su aplicación y que, en consecuencia, deberán asumir el reto de atender las demandas de justicia, que en el ámbito de las conductas punibles plantea la sociedad colombiana. Es decir, no se puede implementar, ni mucho menos aplicar, un nuevo esquema procesal si se desconocen los fundamentos políticos y jurídicos en que se apoya y si se pierde de vista el ineludible proceso de adecuación que se debe cumplir de cara a nuestras reales necesidades.
Es evidente que en ese nuevo sistema será vital el papel a cumplir por los magistrados y jueces penales colombianos. Ellos deberán marcar el punto de equilibrio entre la pretensión acusadora de la Fiscalía, la respuesta del imputado y la defensa y las demandas de justicia de la víctima y del Minis- terio Público. Qué duda cabe en cuanto a que el cumplimiento de esta fun- ción precisa funcionarios judiciales respetuosos de los distintos roles pro- cesales pero capaces de asumir, con respeto pero con firmeza, la dirección del proceso penal y, por lo mismo, legitimados y formados para orientarlo hacia el descubrimiento de la verdad, la realización de la justicia y el respeto de los derechos de sus distintos intervinientes. Es decir, el nuevo sistema procesal les plantea a los magistrados y jueces penales colombianos el reto de hacer del proceso, no un simple escenario de contemplación de la dispu- ta entre partes en conflicto, sino un ámbito de realización de precisos fines constitucionales y legales que necesariamente convocan su responsabilidad como juzgadores!